El Colegio de Abogados de La Libertad publicó -en edición especial- el informe de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente a la gestión de la Junta Directiva 2009 – 2010, presidida por el Past Decano Dr. MANUEL MONTOYA HERNÁNDEZ. En dicho el informe se dice que $ 22,664.38, que respaldaba el FONMI (Fondo de la Mutual Interna del abogado) que conforme al Estatuto de esa orden sirve para: Gastos de sepelio, auxilio por enfermedad y otros, fue invertido en obras para el club del abogado, sin autorización de la Junta Directiva y que se pagó $ 5,000 dólares a una abogada por “asesoramiento” en el juicio que el Colegio de Abogados tiene con la familia Cipriano por un terreno en Huanchaquito.

El Dr. Manuel Montoya Hernández, en su descargo, admite que sí retiró los $ 22,664.30 del FONMI para construir un policlínico; que, con relación al juicio sobre el terreno de Huanchaquito, los pagos se hicieron para “realizar los contactos respectivos” (¿ con vocales supremos que tenían el caso?, o ¿con quién?) “como se estila en el quehacer jurídico y tener éxito en la gestión”. “Asimismo intermediando personalidades se contrató al estudio que se indica en el informe respectivo”. ¿Debemos entender que el Colegio de Abogados no ganó el juicio porque le asistía la razón o el derecho, sino porque pagó para establecer “contactos respectivos” e intermediar “personalidades”?. Es decir, ¿coimeando?. El OCMA debe abrir una investigación al respecto, en base a que el informe de la Comisión integrada por los juristas Juan Manuel Fiestas Chunga y Miguel Arancibia Cueva, ha establecido que la asesora legal -bien remunerada- no presentó escrito alguno en el expediente judicial. Los pagos por este concepto, “realizar contactos respectivos” no queda en los 5,000 dólares; hay más: 1,500 nuevos soles por asesoramiento empresarial contra el CALL y 3,000 nuevos soles, por proceso del juicio 2294-Huanchaquito, que no se sabe a quién pagó el Dr. Montoya.

Han pasado varias juntas directivas: del Dr. Maradiegue, del Dr. Santos Urtecho, de la Dra. Alcántara, del Dr. Ruidias, y no han hecho nada, ni se espera que lo haga el Dr. Montoya –hijo del Dr. Montoya Hernández-, pese a que existe un claro probable delito de fraude en persona jurídica en agravio del CALL. Ahora que se está destapando la corrupción al interno del Poder Judicial, seria muy del caso poner el asunto –que huele a huevo podrido- en conocimiento del Presidente del Poder Judicial, para qué conozca de primera mano, cómo es que ciertos abogados estilan “pagar para realizar contactos respectivos” para obtener en la Corte Suprema fallos favorables. Que esto ocurra en el Colegio de Abogados de la Libertad, es UNA VERGÜENZA, para el gremio y vergüenza ajena para todo aquel que se precie de honesto.